La mediación desembarca en los pueblos de Valladolid para que los vecinos «se arreglen» sin ir a pleito
El Cemicava y la Diputación reimpulsan el servicio gratuito, en el que han participado más de veinte municipios desde que arrancó en 2019
Van en pareja y no, no son de la Guardia Civil, pero tienen en común con la Benemérita que trabajan por la convivencia en el medio rural, da igual si el factor perturbador de la paz vecinal es un seto invasor, una linde sobrepasada, demasiado ruido de los
«animales con plumas» que impide dormir o una nueva construcción que tapa las vistas, situaciones que en muchos casos han llegado a arruinar la amistad de décadas entre las familias. Con una llamada al Cemicava se ponen en marcha las mediadoras que forman parte del equipo especializado del Colegio de Abogados de Valladolid. Ellas (son mayoría aplastante las mujeres en este servicio) visitan los pueblos de la provincia menores de 20.000 habitantes con el objetivo de ayudar ‘in situ’ a aquellos vecinos que están enfrentados a otros vecinos para que recuperen el diálogo y así solucionar el problema entre ellos sin un juez por medio. «Lo definimos como una oportunidad para tratar de evitar el juicio. Tenga éxito o no la mediación, siempre es positiva para las partes en conflicto», resume Leticia Campo, una de las abogadas que forman parte del equipo.
El servicio, que arrancó en 2019 mediante un convenio con la Diputación, es gratuito y voluntario y hasta el momento han acudido a él vecinos de algo más de una veintena de municipios. Los enumera Eva Carrasco, la coordinadora del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valladolid (Cemicava): Rioseco, La Cistérniga, Villanubla, Alcazarén, Renedo, Palazuelo de Vedija, Fresno el Viejo, Olivar de Duero, Villavellid, Valdestillas, Piñel de Abajo, Castronuño, Cabezón del Pisuerga, Torrelobatón, Aldeamayor de San Martín, Cigales, Olmedo, Íscar, Tordesillas, Pedrajas y Boecillo. Algunos de estos pueblos «han repetido», aunque suelen solicitar este servicio en las localidades más grandes, «donde hay mayor conflictividad social, como es lógico, porque hay más población». En los últimos tiempos, señalan las mediadoras, están notando que «hay más afluencia de asuntos, a medida que van cuajando las campañas informativas». En octubre, noviembre y diciembre se reactivarán estas campañas en los ayuntamientos, anuncian.
«Nuestro papel es distinto al del juez de paz, que es una figura de autoridad respetada; nosotros no imponemos el acuerdo, sino que propiciamos un canal de diálogo para que las partes visualicen el conflicto y se den ellas mismas la solución»
CRISTINA CABRERO
mediadora y abogada
Paula Barreda, abogada y mediadora, que forma ‘pareja’ con la letrada Eva Molina, comenta alguno de los tópicos y lugares comunes erróneos con los que se enfrenta cada día en el desempeño de su doble función y que, junto con sus compañeras, tienen que desactivar a diario tirando de mucha pedagogía. «Lo primero que te dicen, incluso compañeros tuyos abogados y operadores jurídicos, es que ‘yo no creo en la mediación’; otra frase hecha es que ‘la mediación ha venido para quedarse pero no termina de cuajar’, o la de ‘no, si esto yo ya lo hago’, confundiendo mediación con negociación; o ‘no, si el juez de paz esto ya lo hace en los pueblos’». Ante los recelos profesionales aclaran que, si en los casos que se les presentan hay abogados, el papel del mediador es «complementario y les puede ayudar a desentrañar el asunto, nuestra presencia no es incompatible ni supone una competencia». Tampoco el papel que desempeñan es el mismo que el de los jueces de paz, «que son una autoridad respetada, pero no tienen una formación específica. El juez, al final, se limita a aplicar la ley y la balanza cae hacia un lugar o el otro, siempre alguna de las partes queda insatisfecha», explica Cristina Cabrero. «La del juez de paz es la confusión típica. Nuestro papel es distinto, nosotros no imponemos el acuerdo, sino que favorecemos un espacio de diálogo para que las propias partes visualicen el conflicto y se den la solución ellas mismas».
Lo cierto es que este sistema de resolución de conflictos se implantó hace una década y reconocen las mediadoras del Cemicava que todavía es desconocido por muchos ciudadanos, especialmente en el medio rural, donde la población está muy envejecida y el acceso a todo tipo servicios cada vez resulta más milagroso. «Es una lluvia fina que está calando, especialmente en la gente más joven», reconoce la coordinadora del servicio. ¿Tendría que ser obligatoria la mediación antes de acudir a la vía judicial, como ocurre en otros países del entorno? Aquí las mediadoras tienen opiniones encontradas, a favor y en contra. En todo caso, en lo que sí están de acuerdo todas ellas es que «sería necesaria una campaña institucional potente a nivel nacional, como las de la DGT con el cinturón de seguridad» para popularizar el servicio.
FUENTE: https://www.elnortedecastilla.es/
